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12 de Mayo, 2009

En la ONU piden anular ley de impunidad!

Por raúl - 12 de Mayo, 2009, 18:08, Categoría: General


El Consejo de DDHH de la ONU solicitó ayer "abolir" la Ley de Caducidad.
La norma violenta normativa internacional en materia de DDHH y no debería
dejar rastros en el ordenamiento jurídico.

El ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Fernández, participó ayer en Ginebra
del Examen Periódico Universal (EPU) de Uruguay, ante el Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, donde la mayoría de los Estados partícipes solicitó
"abolir" la ley 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".

La solicitud del Consejo de DDHH de la ONU pretende la remoción de la ley
del ordenamiento jurídico uruguayo, como si nunca hubiera existido, con vistas
a permitir las investigaciones y eventuales procesos judiciales contra los responsables
de violaciones a los derechos humanos, durante la última dictadura.

El Consejo recomendó, además, al Uruguay, la creación de una institución
de derechos humanos acreditada ante el Comité Internacional de Coordinación
de las Instituciones Nacionales (ICC), así como crear un instituto compuesto
por el Estado y entidades de la sociedad civil para supervisar la aplicación de
las políticas de derechos humanos.

Ante esto, el canciller Fernández explicó al resto de los Estados partícipes
del EPU, la actitud del gobierno uruguayo durante los últimos años con relación
a la normativa cuestionada. La interpretación del actual gobierno sobre el
artículo 4º de la ley 15.848, habilitó más de 50 investigaciones por violaciones
a los derechos humanos, por lo cual se franqueó la condena de diez represores
 por violaciones a los derechos humanos

El ministro recordó además la reciente resolución del Poder Ejecutivo por la cual,
en consonancia con el Poder Legislativo, se consideró inconstitucional la Ley de
Caducidad en la causa por la muerte de la militante de la UJC, Nibia Sabalsagaray,
y la existencia de un proceso público a nivel de la sociedad civil para promover la
recolección de firmas e impulsar un plebiscito popular para anular, vía electoral,
la norma, aprobada en 1986.

Fernández, que dejó claro que el gobierno no defiende la Ley y nunca lo hizo,
también informó sobre las investigaciones realizadas buscando restos de desaparecidos
en cuarteles y dependencias militares por primera vez y también las iniciativas de
reparación para las víctimas del terrorismo de Estado.

El debate desarrollado en Ginebra se sustanció ante el informe presentado por el
gobierno uruguayo ante el organismo, y dos informes elaborados por la alta
comisionada de la ONU para los Derechos Humanos; uno, donde se resumen
elementos obrantes en los organismos pertinentes de Naciones Unidas y otro,
con datos y alegaciones provenientes de ONG, según informó AFP.

Incompatible

La solicitud emitida ayer por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
contra la Ley de Caducidad, no es la primera por la cual un organismo internacional
pone "en tela de juicio" la legalidad de la norma, por la cual se impidió el juzgamiento
de militares por violaciones a los derechos humanos.

La primera resolución en este sentido, fue el informe 29/92 de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), por el cual se declaró que la Ley de Caducidad es
incompatible con el artículo XVIII (derecho de justicia) de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

El informe de la CIDH recomendó entonces al Estado uruguayo "la adopción de
las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables
de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período de facto".
El fallo no fue vinculante y el gobierno del ex presidente Luis Alberto Lacalle no
adoptó ninguna resolución sobre la norma.

Sin embargo, más recientemente, el Comité de DDHH de Naciones Unidas
dispuso la condena del Estado uruguayo en el caso "por torturas" de Hugo
Rodríguez Almada, actual integrante de la Cátedra de Medicina Legal de la
UdelaR, durante el 51º período de sesiones de dicho comité.

La comunicación 322/88, adoptada el 9 de agosto de 1994, expresa, en su
nudo central, que "el Comité reafirma su posición de que amnistías por violaciones
graves de los DDHH y las leyes tales como la Ley de Caducidad son incompatibles
con las obligaciones de todo Estado parte, en virtud del Pacto de Derechos, Civiles
y Políticos".

Más adelante, dice la resolución: "también preocupa al Comité que, al aprobar dicha
ley, el Estado parte haya contribuido a crear un ambiente de impunidad, que podría
socavar el orden democrático y dar lugar a otras graves violaciones a los DDHH".

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